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A propósito de la Middle States
La intervención política
La intervención política
en la UPR
La Universidad de Puerto Rico (UPR) se rige desde la Oficina del Gobernador,
particularmente, desde la de su lugarteniente, funcionario nunca electo por el pueblo de Puerto Rico, Marcos Rodríguez Ema.
Enorme cobertura en los medios de prensa tuvieron las declaraciones que hizo dando instrucciones para que se echaran a los estudiantes de la UPR “a patadas”. Y añadió, en la misma ocasión, lo siguiente:
“Y a los profesores que se prestan a eso, sácalos, quítale el 'tenure', quítale las cátedras, bótalos y pon a otras personas a enseñar”.
Tras terminar la huelga en julio pasado con unos acuerdos establecidos a través de un mecanismo dispuesto por los tribunales, acuerdos que luego fueron desconocidos por la Junta de Síndicos, el gobernador aumentó el número de miembros de esa Junta para tener un control claro y contundente de la misma. Desde entonces, no existen rectores ni organismos docentes vivos en la UPR. Todo lo deciden los Síndicos y su secretario de mandados, el Presidente De la Torre.
El gobernador incluso declaró que enmendará la ley universitaria para aplastar la disidencia y la participación en la UPR. Algunos recintos están ahora ocupados y en estado de sitio por centenares de efectivos policiacos, y en otros, además de retirar todos los portones de control de acceso, han construido accesos nuevos para que la policía pueda ocupar esos recintos sin dificultad.
Además, todos los recintos deberán obedecer las instrucciones recibidas de arriba. Se eliminará la libertad de cátedra, y por añadidura, de pensamiento, en la UPR, a pesar del respaldo masivo, abrumador, que tienen en los once recintos los organismos estudiantiles, docentes y no docentes que se oponen a toda esta política, más que política,coercitiva e incluso fascista.
La alta administración universitaria, lejos de promover la participación, hace la guerra a todos los sectores de la comunidad académica. La Presidenta de la Junta de Síndicos, Ygrí Rivera, declaró recientemente que los diversos sectores de la comunidad deben comprender que su “rol” es seguir instrucciones y hacer lo que ellos disponen y se les ordena.
La Middle States, en su delineamiento al respecto de la “Intervención política en la Educación”, señala que la “libertad académica es esencial a la calidad e integridad de toda educación”. “La enseñanza y el aprendizaje requiere una exposición libre y plena a las información y a las ideas, el derecho a inquirir y a disentir, la oportunidad de estudiar, investigar y debatir, libre de presiones políticas... y de intervención política”.
Si en la UPR se desconocen las iniciativas y los instrumentos docentes y académicos, y si se gobierna desde fuera de la Universidad, desde la Oficina del ayudante especial del gobernador, la UPR está siendo agredida de manera salvaje y brutal por la intervención político-partidista que la Middle States reconoce como nefasta en toda educación.
El domingo 12 de diciembre de 2010 se realizó una marcha de decenas de miles de miembros de la comunidad académica de los once recintos en San Juan, y frente a las principales oficinas del gobierno. El gobierno y la alta administración decían que un grupo “minúsculo” tenía el poder de paralizar los recintos universitarios, decir que es claramente un dislate, un error lógico y de sentido común. En la multitudinaria manifestación se demostró el absoluto rechazo de toda la comunidad académica a la política agresiva, intolerante y fascista de la alta administración de la UPR y del gobierno de Puerto Rico.
La Universidad de Puerto Rico (UPR) se rige desde la Oficina del Gobernador,
particularmente, desde la de su lugarteniente, funcionario nunca electo por el pueblo de Puerto Rico, Marcos Rodríguez Ema. Enorme cobertura en los medios de prensa tuvieron las declaraciones que hizo dando instrucciones para que se echaran a los estudiantes de la UPR “a patadas”. Y añadió, en la misma ocasión, lo siguiente:
“Y a los profesores que se prestan a eso, sácalos, quítale el 'tenure', quítale las cátedras, bótalos y pon a otras personas a enseñar”.
Tras terminar la huelga en julio pasado con unos acuerdos establecidos a través de un mecanismo dispuesto por los tribunales, acuerdos que luego fueron desconocidos por la Junta de Síndicos, el gobernador aumentó el número de miembros de esa Junta para tener un control claro y contundente de la misma. Desde entonces, no existen rectores ni organismos docentes vivos en la UPR. Todo lo deciden los Síndicos y su secretario de mandados, el Presidente De la Torre.
El gobernador incluso declaró que enmendará la ley universitaria para aplastar la disidencia y la participación en la UPR. Algunos recintos están ahora ocupados y en estado de sitio por centenares de efectivos policiacos, y en otros, además de retirar todos los portones de control de acceso, han construido accesos nuevos para que la policía pueda ocupar esos recintos sin dificultad.
Además, todos los recintos deberán obedecer las instrucciones recibidas de arriba. Se eliminará la libertad de cátedra, y por añadidura, de pensamiento, en la UPR, a pesar del respaldo masivo, abrumador, que tienen en los once recintos los organismos estudiantiles, docentes y no docentes que se oponen a toda esta política, más que política,coercitiva e incluso fascista.
La alta administración universitaria, lejos de promover la participación, hace la guerra a todos los sectores de la comunidad académica. La Presidenta de la Junta de Síndicos, Ygrí Rivera, declaró recientemente que los diversos sectores de la comunidad deben comprender que su “rol” es seguir instrucciones y hacer lo que ellos disponen y se les ordena.
La Middle States, en su delineamiento al respecto de la “Intervención política en la Educación”, señala que la “libertad académica es esencial a la calidad e integridad de toda educación”. “La enseñanza y el aprendizaje requiere una exposición libre y plena a las información y a las ideas, el derecho a inquirir y a disentir, la oportunidad de estudiar, investigar y debatir, libre de presiones políticas... y de intervención política”.
Si en la UPR se desconocen las iniciativas y los instrumentos docentes y académicos, y si se gobierna desde fuera de la Universidad, desde la Oficina del ayudante especial del gobernador, la UPR está siendo agredida de manera salvaje y brutal por la intervención político-partidista que la Middle States reconoce como nefasta en toda educación.
El domingo 12 de diciembre de 2010 se realizó una marcha de decenas de miles de miembros de la comunidad académica de los once recintos en San Juan, y frente a las principales oficinas del gobierno. El gobierno y la alta administración decían que un grupo “minúsculo” tenía el poder de paralizar los recintos universitarios, decir que es claramente un dislate, un error lógico y de sentido común. En la multitudinaria manifestación se demostró el absoluto rechazo de toda la comunidad académica a la política agresiva, intolerante y fascista de la alta administración de la UPR y del gobierno de Puerto Rico.
Marcos
Reyes Dávila
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